Contexto: El 7 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., bajo la secretaria Kristi Noem, anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, afectando a aproximadamente 72,000 beneficiarios. La decisión entra en vigor el 8 de septiembre de 2025, tras un período de transición de 60 días. El gobierno de Honduras, liderado por Xiomara Castro y el partido Libre, ha respondido lamentando la decisión, atribuyéndola principalmente a la administración Trump, afirmando que hicieron «todo lo posible» para defender el TPS y señalando que Honduras ha mejorado desde el huracán Mitch (1998).
Contenido
- Afirmación 1: «Honduras ha mejorado su capacidad tras el huracán Mitch»
- Afirmación 2: «Hicimos todo lo posible por defender el TPS»
- Afirmación 3: «La cancelación del TPS es responsabilidad de Trump»
- Afirmación 4: «La ‘narcodictadura’ de JOH mejoró las condiciones de Honduras»
- Resumen del Fact-checking
- Evaluación General
- Fuentes Citadas
Afirmación 1: «Honduras ha mejorado su capacidad tras el huracán Mitch»
Contexto: El canciller Javier Bu afirmó que la cancelación del TPS se basa en que Honduras ha mejorado su capacidad para recibir a sus nacionales, según la evaluación del DHS. Esto implica que el país está preparado para reintegrar a los retornados.
Fact-checking:
– Veracidad: Parcialmente cierta, pero engañosa. El DHS justificó la terminación del TPS argumentando que Honduras ha superado las secuelas del huracán Mitch, afirmando que es «seguro» para los nacionales regresar. El gobierno de Honduras ha destacado programas de reintegración, como asistencia económica, alimentaria y capacitación laboral. Sin embargo, las condiciones actuales contradicen esta narrativa de «mejoría sustancial».
– Violencia: Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la tasa de homicidios en 2024 fue de aproximadamente 34 por cada 100,000 habitantes, una mejora respecto a años anteriores (por ejemplo, 40 por 100,000 en 2018)1, pero aún una de las tasas más altas de América Latina.
– Pobreza: El Banco Mundial reportó en 2024 que el 59 % de la población hondureña vivía en pobreza, con un 32.6 % en pobreza extrema. Los huracanes Eta e Iota (2020) agravaron estas condiciones, desplazando a miles y afectando la infraestructura.
– Dependencia económica: Las remesas de la diáspora, que representan cerca del 25 % del PIB según el Banco Central de Honduras (2024), indican que la economía depende significativamente de los migrantes en EE. UU., lo que cuestiona la capacidad del país para absorber a 72,000 retornados sin crisis económica o social.
– Crítica: Al aceptar la narrativa del DHS sobre la «mejoría», el gobierno de Libre omite las crisis estructurales actuales (violencia, pobreza, desastres naturales) que justifican la continuación del TPS. No han presentado datos que demuestren una preparación efectiva para reintegrar a los retornados, y su retórica contradice el discurso de «refundación» que reconoce los desafíos persistentes del país.
Conclusión: La afirmación es parcialmente cierta, ya que el DHS basa su decisión en una supuesta recuperación desde 1998, pero es engañosa porque ignora las condiciones de inseguridad y pobreza en 2025. El gobierno no ha refutado activamente esta evaluación con evidencia sólida.
Afirmación 2: «Hicimos todo lo posible por defender el TPS»
Contexto: Funcionarios como el vicecanciller Gerardo Torres y el canciller Javier Bu han afirmado que el gobierno de Libre hizo «todo lo posible» para evitar la cancelación del TPS, lamentando la decisión como un «asunto soberano» de EE. UU.
Fact-checking:
– Veracidad: Dudosa. No hay evidencia pública de una estrategia diplomática robusta por parte del gobierno de Libre para presionar por la extensión del TPS:
– Esfuerzos diplomáticos: No se han reportado campañas de cabildeo significativas en Washington, reuniones bilaterales de alto nivel con el DHS o el Departamento de Estado, ni alianzas con organizaciones de la diáspora para abogar por el TPS. En contraste, países como El Salvador han utilizado históricamente el cabildeo y la presión de sus comunidades en EE. UU. para extender el TPS, incluso bajo administraciones republicanas.
– Tensiones bilaterales: Las relaciones con EE. UU. se han deteriorado bajo Libre debido a decisiones como la suspensión del tratado de extradición en 2022 y declaraciones públicas contra el «imperialismo» estadounidense. Estas posturas han reducido el capital diplomático de Honduras, limitando su capacidad de negociación.
– Pasividad señalada: Posts en redes sociales critican la «pasividad diplomática» del gobierno, señalando que no hubo una acción proactiva antes de la fecha límite del 5 de julio de 2025. Por ejemplo, no se ha documentado que Honduras presentara un caso formal ante el DHS destacando las condiciones actuales (violencia, pobreza, huracanes recientes) que justificarían la extensión del TPS.
– Crítica: La afirmación de haber hecho «todo lo posible» carece de sustento en acciones concretas. La falta de cabildeo estratégico y las tensiones con EE. UU. sugieren que el gobierno no priorizó la defensa del TPS. La administración Biden extendió el TPS hasta julio de 2025, rescindiendo una terminación previa de Trump en 2018, lo que indica que una diplomacia efectiva puede influir en estas decisiones.
Conclusión: No hay evidencia de esfuerzos diplomáticos sustanciales, y la pasividad del gobierno, junto con las tensiones bilaterales, debilitó su capacidad para negociar. La afirmación es dudosa.
Afirmación 3: «La cancelación del TPS es responsabilidad de Trump»
Contexto: Libre ha enfatizado que la decisión de cancelar el TPS es un «asunto soberano» de EE. UU., atribuyendo la responsabilidad principal a la administración Trump.
Fact-checking:
– Veracidad: Parcialmente cierta. La administración Trump, con su política migratoria restrictiva, ha sido consistente en su intención de terminar el TPS para varios países, incluyendo Honduras, Nicaragua, Haití, y Venezuela. En 2018, Trump intentó cancelar el TPS para Honduras, pero fue bloqueado por demandas judiciales y luego extendido por Biden hasta julio de 2025. En 2025, Kristi Noem formalizó la terminación, argumentando que Honduras ha recuperado las condiciones para recibir a sus nacionales.
– Matiz: Aunque la decisión final recae en el DHS, la retórica de Libre omite su propia responsabilidad en no haber construido una relación diplomática sólida con EE. UU.:
– Comparación con otros países: El Salvador mantiene su TPS hasta septiembre de 2026, posiblemente debido a una relación más estratégica con la administración Trump, incluyendo acuerdos para recibir deportados. Esto sugiere que una diplomacia efectiva puede influir en las decisiones del TPS.
– Falta de presión: No hay registro de que Honduras haya movilizado a la diáspora, ONGs, o aliados en el Congreso de EE. UU. para contrarrestar la narrativa del DHS. Organizaciones como el American Immigration Council han criticado la cancelación, destacando que Honduras no es segura para los retornados, pero estas voces no fueron amplificadas por el gobierno hondureño.
– Crítica: Culpar únicamente a Trump simplifica el problema y evita la autocrítica sobre la falta de una estrategia diplomática proactiva. La decisión de Trump era previsible, dado su historial, pero Libre no parece haber anticipado ni preparado una respuesta efectiva.
Conclusión: Es cierto que Trump tomó la decisión final, pero la retórica de Libre es incompleta al no reconocer su propia inacción, que limitó las opciones para proteger a los beneficiarios del TPS.
Afirmación 4: «La ‘narcodictadura’ de JOH mejoró las condiciones de Honduras»
Contexto: Libre no ha afirmado explícitamente que el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) mejoró las condiciones, pero al aceptar la narrativa del DHS de que Honduras ha «mejorado» desde 1998, implícitamente sugieren que los avances ocurrieron bajo gobiernos anteriores, incluido el de JOH, al que califican de «narcodictadura».
Fact-checking:
– Veracidad: Falsa por implicación. La narrativa de Libre critica a JOH por corrupción, narcotráfico y deterioro institucional, lo que contradice la idea de que las condiciones mejoraron significativamente durante su mandato (2014-2022):
– Condiciones bajo JOH: Durante el gobierno de JOH, Honduras enfrentó crisis significativas, como la caravana migratoria de 2018, una tasa de homicidios de 40 por cada 100,000 habitantes en 2018, y los huracanes Eta e Iota en 2020, que desplazaron a miles. Estas condiciones motivaron la extensión del TPS por la administración Biden en 2023.
– Incoherencia narrativa: Si Libre acepta la premisa del DHS de que Honduras está «recuperada» desde 1998, esto implicaría que los gobiernos anteriores, incluido el de JOH, lograron avances sustanciales, lo cual choca con su discurso de «refundación» que denuncia el legado de JOH como desastroso. El DHS ignora las crisis recientes (violencia, pobreza, desastres naturales) al basar su decisión únicamente en la recuperación del huracán Mitch.
– Crítica: La retórica de Libre es incoherente al no desafiar la narrativa del DHS con evidencia de las condiciones actuales (violencia, pobreza, desastres naturales) que justifican la continuación del TPS. Al aceptar pasivamente la justificación de «mejoría», Libre se contradice sin abordar los problemas estructurales persistentes.
Conclusión: La implicación de que las condiciones mejoraron bajo JOH es falsa y contradice la narrativa de Libre. Su falta de respuesta contundente al DHS refuerza esta incoherencia.
Resumen del Fact-checking
1. «Honduras ha mejorado»: Parcialmente cierto, pero engañoso. Las condiciones de violencia (34 homicidios por 100,000 habitantes en 2024), pobreza (60 % en 2024) y desastres recientes contradicen la preparación para recibir a 72,000 retornados.
2. «Hicimos todo lo posible»: Dudoso. No hay evidencia de cabildeo significativo ni alianzas con la diáspora, y las tensiones con EE. UU. debilitaron la negociación.
3. «Trump es el responsable»: Parcialmente cierto. Trump tomó la decisión, pero la inacción diplomática de Libre limitó las opciones.
4. «JOH mejoró el país»: Falso por implicación. Aceptar la «recuperación» del DHS contradice la crítica de Libre a JOH, ignorando las crisis actuales.
Evaluación General
La retórica del gobierno de Libre sobre el TPS es inconsistente y carece de sustento. Aunque culpan a Trump, no han demostrado esfuerzos diplomáticos robustos para contrarrestar la cancelación, y su aceptación implícita de la «mejoría» de Honduras debilita su narrativa de «refundación». La falta de cabildeo proactivo, las tensiones bilaterales con EE. UU. y la omisión de las crisis actuales (violencia, pobreza, desastres naturales) reflejan una gestión débil que ha dejado a 72,000 hondureños en el limbo migratorio.
Fuentes Citadas
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) – Terminación del TPS para Honduras: With Improved Conditions, DHS Ends TPS for Honduras
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Análisis de violencia armada 2023 y enero-julio 2024: Análisis sobre violencia, violencia armada y seguridad ciudadana en Honduras | 2023; enero – julio 2024
Policía Nacional de Honduras – Tasa de homicidios 2025: Post en X sobre la reducción de homicidios, 3 de julio de 2025.
Banco Mundial – Panorama de Honduras 2025: Honduras Overview: Development news, research, data | World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/honduras/overview
- Cabe agregar que, según la Policía Nacional, esta cifra ha bajado a 26 por 100,000 hasta 2025. ↩︎
