Por Edgardo Molina
La narrativa política hondureña sigue atrapada en la sombra del golpe de Estado de 2009, un discurso que resuena en un país donde la mayoría de la población —joven y mayoritariamente menor de 30 años— apenas sobrevive: entregando pedidos en motocicleta, huyendo hacia México o enfrentando explotación en Estados Unidos.
¿Por qué aferrarse a ese pasado? Podría ser la única forma de mantener unido al partido oficialista, Libre, o un medio para polarizar y debilitar a la oposición.
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El poder como enfermedad
Honduras sufre el «mal de la guayaba», una enfermedad del poder que corrompe a quienes lo ejercen. Esta tendencia se observa en presidentes que buscaron la reelección o la perpetuación en el poder, muchas veces por vías irregulares, generando inestabilidad:
- Manuel Bonilla (1903–1907): manipuló elecciones.
- Francisco Bertrand Barahona (1915–1919): enfrentó disturbios por prolongarse.
- Rafael López Gutiérrez (1920–1924): su gobierno colapsó en una guerra civil.
- Tiburcio Carías Andino (1933–1949): gobernó autoritariamente durante 16 años.
- Manuel Zelaya Rosales (2006–2009): promovió un referéndum que provocó el golpe de 2009.
- Juan Orlando Hernández (2014–2022): logró reelegirse tras un fallo judicial polémico.
Esta persistencia en el poder, combinada con demandas sociales ignoradas, la intervención extranjera y el peso de las Fuerzas Armadas, ha sembrado caos.
Crimen, corrupción y desconfianza
En años recientes, el crimen organizado se ha convertido en un aliado tóxico del poder. El Partido Nacional enfrenta acusaciones documentadas: desde el asesinato de Berta Cáceres (2016) hasta los vínculos de Tony Hernández con el narcotráfico. Por su parte, Libre —aunque no vinculado directamente al narco— ha sido salpicado por casos de corrupción, como los revelados por ICN Digital que involucran a diputados como Isis Cuéllar, Fabricio Sandoval y Jari Dixon. La malversación de fondos públicos ha afectado proyectos sociales y profundizado la desconfianza ciudadana.
Esta corrupción —distinta en naturaleza al narcotráfico— agudiza la crisis económica, desviando recursos esenciales mientras el desempleo urbano ronda el 28 % (INE 2025) y la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión. La violencia y la persecución a periodistas y activistas han cobrado la vida de al menos 71 defensores desde 2019 (Global Witness), mientras la migración forzada continúa en ascenso: más de 180,000 hondureños han sido interceptados en EE.UU. hasta julio de 2025 (CBP), impulsados además por el endurecimiento de la política migratoria bajo la administración Trump.
¿Qué se juega en 2025?
Con las elecciones de 2025 en el horizonte, el fantasma del 2009 ha sido reactivado por Libre, que se presenta como víctima mientras cosecha beneficios de ese legado. Sin embargo, el voto joven e independiente exige respuestas concretas: empleo, seguridad, educación, salud.
Libre ha preferido la confrontación y la polarización, y ha perdido respaldo ante los escándalos de corrupción. El Partido Nacional, pese a su historial, resurge por el desgaste de sus adversarios. El Partido Liberal, revitalizado por Salvador Nasralla, abandona su papel decorativo. Ambos partidos superan a Rixi Moncada en tendencias recientes, por hasta ocho puntos, según encuestas preliminares.
Dos escenarios (y un mismo perdedor)
- Tripartidismo caótico: Libre se sostiene gracias al respaldo institucional, mientras la oposición cogobierna desde las sombras, sin enfrentar persecución ni extradiciones.
- Alianza Nacional-Liberal: Impulsada por élites económicas y actores internacionales, desplaza a Libre y reinstala un bipartidismo debilitado pero menos polarizante.
En ambos escenarios, el pueblo pierde.
Porque la guayaba —esa fruta podrida que se disputan las élites— seguirá enfermando la política hondureña. Y el ciudadano, entre la apatía y la frustración, seguirá votando por rabia o desesperanza, casi nunca por convicción.
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