Cada cierto tiempo, nuestros países redescubren la misma promesa: modernizar el Estado. Se crean unidades, se aprueban decretos, se firman convenios con organismos internacionales. Y la administración pública sigue siendo, para la mayoría de los ciudadanos, un laberinto de trámites, filas y discrecionalidad. ¿Por qué cuesta tanto pasar del discurso a la transformación real? Tristemente, la respuesta es más política que técnica.
El politólogo Francis Fukuyama distingue tres dimensiones del Estado moderno: el Estado de derecho, la rendición de cuentas democrática y la capacidad estatal. En el caso de Honduras se ha invertido décadas debatiendo las dos primeras, elecciones, poderes, contrapesos, pero ha descuidado la tercera: la capacidad real de las instituciones para ejecutar políticas de forma eficiente y predecible. Sin esa capacidad, las reformas no llegan a ningún lado.
La Nueva Gestión Pública, corriente dominante desde los años noventa, propuso trasladar lógicas del sector privado al Estado: metas, indicadores, resultados. El Estado hondureño adaptó su vocabulario y agrego palabras como: unidades de modernización, innovación pública, simplificación administrativa, pero no ha logrado construir lo que ese modelo exige para funcionar: un servicio civil profesionalizado, sistemas de información confiables y un presupuesto orientado a los resultados. La modernización se planteó como reducción del Estado, y no como fortalecimiento de sus capacidades. El resultado fue un Estado más delgado y poco capaz.
Hoy la Dirección General de Modernización Administrativa impulsa metodologías de calidad en instituciones públicas y promueve unidades de modernización en alcaldías. Son pasos necesarios, pero no logran solucionar el verdadero problema. La pregunta de fondo no es cómo hacer más eficiente lo que existe, sino si la estructura está diseñada para servir al ciudadano o para perpetuarse a sí misma.
Aquí entra el concepto de path dependence del economista Douglass North: las instituciones tienden a reproducir sus incentivos originales aunque el entorno haya cambiado. Una burocracia construida sobre el clientelismo político no se transforma con talleres de calidad ni con nuevos organigramas. Requiere rediseño de incentivos concretos: concursos transparentes, carrera meritocrática, evaluación de desempeño con consecuencias reales. Mientras eso no ocurra, cada nueva administración llega con su propio vocabulario de reforma y sale dejando las mismas estructuras intactas.
El camino hacia la modernización real pasa por tres elementos concretos y medibles. El primero es la digitalización con inclusión: servicios en línea que reduzcan la discrecionalidad del funcionario y el costo del trámite para el ciudadano, diseñados tomando en cuenta que la brecha digital en Honduras sigue siendo amplia. El segundo es la profesionalización sostenida del servicio civil como política de Estado. Cada vez que un nuevo partido llega al poder y vacía las instituciones de personal técnico para llenarlas de leales, el país paga el costo en años de capacidad institucional perdida. El tercero es la evaluación pública: los ciudadanos tienen derecho a saber si las reformas funcionaron, con datos concretos y accesibles, publicados con regularidad.
El riesgo real es claro, no se puede modernizar un estado superficialmente, solo con plataformas o incluyendo nuevos acrónimos, sin tocar los incentivos que hacen que las instituciones funcionen para pocos. Construir un Estado más capaz requiere decisiones incómodas que van más allá de la buena voluntad inaugural de cada gobierno. Modernizar el Estado no es un proyecto técnico. Es, ante todo, una decisión política.
Sobre la autora
Mtra. Ericka V. Cerdas Solano
Internacionalista con especialidad en Sinología por la Universidad de Nankai (China) y maestra en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Analiza tendencias globales y su impacto en América Latina. Sus columnas abordan políticas públicas, modelos de gobernanza y la agenda internacional desde una perspectiva crítica y estratégica.
