Honduras acaba de estrenar un juguete que tenía guardado en el sótano constitucional desde 2013. El 23 de marzo de 2026 quedará en los libros, pues, el Congreso admitió el primer juicio político de nuestra historia. El blanco es Johel Zelaya, el Fiscal General. Lo suspendieron de inmediato. Hubo gritos, pancartas y 93 votos que reconfiguraron el tablero en una noche.
A primera vista, parece un ejercicio de salud republicana. Un funcionario cuestionado rinde cuentas ante el soberano. Sin embargo, en el análisis político, la forma nunca es el fondo. Para entender este terremoto, hay que soltar el código legal y agarrar el bisturí de la realidad.
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La ley dice, el poder hace
El juicio político es, por definición, un híbrido extraño. Tiene nombre de proceso judicial, pero corazón de asamblea legislativa. El artículo 234 de nuestra Constitución lo permite. No busca meter preso a nadie; busca limpiar la oficina. Se activa por negligencia o por actuar contra el interés nacional. Pero, ¿quién define ese «interés»? Ahí es donde la teoría de los clivajes nos ilumina: la política es una lucha por imponer una interpretación del mundo.
Hoy, con el Partido Nacional al frente del Ejecutivo y con mayoría sólida en el Legislativo junto al Partido Liberal, la narrativa es la de «limpiar la casa». Lo que para el oficialismo es rendición de cuentas por los excesos del pasado, para Libre es persecución política. No hay un punto medio porque no hay una verdad técnica; hay una correlación de fuerzas. Esos 93 votos no son una sentencia jurídica; son un mensaje de poder.
El patrón del bumerán
Si conectamos los puntos, vemos que Honduras vive en un péndulo peligroso. Cuando Libre controlaba el tablero, el sabotaje electoral del 9M fue minimizado por el oficialismo de aquel entonces. Hoy, la nueva mayoría parlamentaria responde con una simetría implacable.
Pasamos de una hegemonía que ignoraba la norma a otra que la usa como bumerán. El riesgo es evidente porque podrían convertir una herramienta constitucional de emergencia en un arma de uso cotidiano. Si el juicio político se vuelve el estándar para resolver diferencias de gestión, la estabilidad institucional desaparece. El Fiscal y otros funcioanrios elegidos desde el Legislativo ya no responden a la ley, sino al humor de la bancada que tenga los votos esa semana.
¿Qué historia estamos contando?
Aquí cabe una pregunta: ¿Estamos fortaleciendo las instituciones o simplemente perfeccionando el arte de canibalizarlas?
La política es el esfuerzo por administrar el poder. En Honduras, parece ser el esfuerzo por anular al contrario. Si la comisión especial presenta pruebas irrefutables de dolo, estaremos ante un acto de justicia necesario. Si el dictamen se basa en adjetivos y revanchismos, estaremos ante una «aplanadora legislativa» con barniz de legalidad.
La síntesis del conflicto
El juicio a Johel Zelaya no sólo es sobre su gestión. Es sobre quién manda en el Ministerio Público en el nuevo ciclo político del país. Es la política hondureña usando la Constitución como escudo y como espada, según sople el viento del poder.
Así que lo que vimos anoche no sólo fue un proceso legal. Fue el acta de defunción de la influencia del gobierno anterior en la justicia. La moneda está en el aire, pero el clima no parece maduro para la objetividad. Al final, el ciudadano sigue siendo el invitado de piedra en una cena donde los cubiertos son de plata y las intenciones son de acero.
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