Este día, Donald Trump asume oficialmente su segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos tras una campaña marcada por un discurso polarizador y políticas controvertidas. Uno de los pilares centrales de su agenda es la implementación de “medidas contra la inmigración”, un tema que genera preocupación global.
En este contexto, Honduras, como uno de los países de América Central con mayor flujo migratorio hacia el norte, se encuentra en una posición crítica. Nuestro país no solo figura entre los principales solicitantes de asilo y refugio en México, sino que miles de compatriotas buscan diariamente alcanzar el sueño americano.
Ante esta realidad, es crucial analizar las tensiones diplomáticas actuales entre ambos países, cuyas relaciones se han deteriorado, generando un impacto directo que podría afectar el futuro de nuestros migrantes y del flujo de remesas, que representan el principal medio de subsistencia para miles de compatriotas enfrentados al desempleo, la violencia y la falta de oportunidades.
Algunos aspectos clave sobre el tema son:
1. Extradición
La suspensión del tratado de extradición por supuesta “injerencia” de Estados Unidos y su embajada en Tegucigalpa marca un momento histórico en las relaciones bilaterales. Este acuerdo permitió que narcotraficantes y políticos hondureños influyentes fueran llevados ante la justicia estadounidense. Su eliminación abriría la puerta a un aumento del narcotráfico, convirtiendo a Honduras en un refugio para criminales transnacionales y políticos corruptos.
2. Retornos masivos
Según datos del ICE, al menos 260,000 hondureños indocumentados podrían ser deportados, lo que agravaría una economía ya endeble e incrementaría la desesperanza de quienes no podrían sustentar a sus familias. Además, el discurso xenófobo de Donald Trump intensifica esta problemática, añadiendo más presión sobre los migrantes.
3. Impacto económico
Las remesas representan el 26 % del PIB nacional (aproximadamente 9,743 millones de dólares), enviadas desde Estados Unidos por hondureños que sostienen la economía local. Esto nos hace preguntarnos: ¿quién depende de quién, acaso EE. UU. depende de los migrantes hondureños, o viceversa? Esta especie de David contra Goliat en que el Gobierno hondureño actual está metiendo a nuestro país puede que no resulte como la parábola bíblica, sino que podría tornarse en una de las mayores hecatombes migratorias de la historia, afectando el débil tejido económico y social.
4. Base militar de EE. UU.
El Gobierno de Xiomara Castro condiciona la permanencia de la base militar estadounidense Héctor Soto Cano (Palmerola) en caso de deportaciones masivas. Si bien ambos países pueden ejercer su soberanía, ya sea con el cierre de la base aérea de Palmerola en Honduras, o por el otro lado con la expulsión de los 1.4 millones de hondureños en situación irregular en EE. UU., amenazar al Gigante del Norte no es una cuestión de valentía o audacia, sino más bien una cuestión de supervivencia e inteligencia ante una realidad cruda: somos un país pobre, dependiente y sin oportunidades de cambios profundos a corto plazo.
5. Propuesta de cese de apoyo
El congresista norteamericano Andy Ogles propuso la creación de una ley para suspender todo el apoyo a Honduras si la base militar estadounidense es cerrada. Esto implicaría un cese de la colaboración en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico, salud, educación, asistencia humanitaria y un largo etcétera, afectando profundamente nuestro país.
No hay duda de que Honduras coexiste en una relación histórica de dependencia con Estados Unidos; nuestro país es la periferia de un imperio cuyo lado más oscuro pide año con año más drogas y en su exigencia le genera a Honduras más violencia, narcopolítica y polarización social. Pero, ¿a quién recurriremos ante una orfandad comercial? Las relaciones con China, Venezuela o Cuba no ofrecen garantías de sostenibilidad económica.
Esto expone un grave error de cálculo por parte del Gobierno de Xiomara Castro al darle cuerda a políticas de confrontación con pretensiones de dignidad y socialismo que han estado llevando a cabo. No existe un plan articulado entre sociedad civil, empresas, iglesias y organismos internacionales para enfrentar las consecuencias que podrían acarrear las políticas de polarización tanto del Gobierno nacional como del estadounidense.
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