Esta semana, en Orica, al norte de Francisco Morazán, Xiomara Castro encabezó un evento de entrega de más mil títulos de propiedad y supervisó el avance del tramo carretero Orica–El Encino (10.90 km). Pero más allá de las acciones institucionales, fue una frase suya en el discurso la que captó la atención: criticó a medios y foros de opinión que no la llaman «presidente» o «presidenta», sino simplemente «Xiomara», reclamando respeto institucional. “Yo no soy amiga de ellos”, dijo tajante.
La escena no tendría mayor resonancia si no fuera por la evidente contradicción entre su queja y su propia propaganda. Desde antes de asumir el cargo, y a lo largo de su gestión, la figura pública de Xiomara Castro ha sido promovida con una marca personalista centrada en el uso de su nombre de pila. El lema #XiomaraSíCumple aparece en pancartas, redes sociales, actos públicos e incluso en rótulos de obra. La imagen de su rostro también suele ocupar más espacio que los símbolos de la República. No se trata sólo de un asunto de diseño gráfico: es una elección discursiva y política que prioriza lo afectivo por sobre lo institucional.
La contradicción se amplifica si recordamos que su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, es conocido —dentro y fuera del país— como «Mel Zelaya». Y su hija, diputada y figura visible del oficialismo, es simplemente «La Pichu». Esta informalidad nominal no es ajena al estilo populista latinoamericano, donde la familiaridad es parte del capital político. Sin embargo, cuando esa misma familiaridad se vuelve motivo de enojo o reclamo, el mensaje se enturbia.
En este punto vale preguntarse: ¿quién define el respeto institucional?, ¿el protocolo o el sentir popular? Muchos medios nacionales —como El Heraldo o La Prensa— y plataformas internacionales como France24, El País o BBC Mundo han alternado entre “Xiomara Castro” y “la presidenta de Honduras” sin que eso implique una falta de respeto, sino más bien una práctica común en el lenguaje periodístico. Llamar a un mandatario por su nombre de pila puede tener distintas intenciones: desde una crítica mordaz hasta una simple economía del lenguaje. En contextos autoritarios, el uso excesivo de títulos suele ser sinónimo de culto a la personalidad.
Desde la perspectiva ciudadana, hay un fenómeno aún más interesante: el acto de llamar o no llamar a alguien por su cargo puede convertirse en una forma de participación simbólica. El filósofo Jacques Rancière propone que la política no es solo gestión de lo establecido, sino irrupción de lo que no tiene lugar: un pueblo que toma la palabra, incluso cuando el lenguaje oficial no lo permite. En ese sentido, cuando la ciudadanía omite el título de “presidenta” y se refiere a Castro como “Xiomara”, quizá no es una falta de respeto, sino una forma de reapropiarse del poder simbólico, un modo de ejercer crítica.
En esa línea, podría pensarse en lo que algunos estudios llaman la figura del “diablo burlado”: cuando quien detenta el poder espera reverencia, pero recibe ironía, rechazo o indiferencia. Así, despojar a un funcionario de su título, o reducirlo a un apelativo común, se convierte en un gesto político. Es una forma de ciudadanía más allá de lo representativo; una ciudadanía que interrumpe el orden simbólico y recuerda que el poder es delegado, no inherente.
No es un asunto menor. El lenguaje importa. Y en una república democrática, los cargos no deberían vivirse como identidades absolutas, sino como responsabilidades transitorias. Tal vez ahí radica la diferencia entre gobernar desde la cercanía y exigir respeto desde la distancia. En todo caso, si se promueve el lema #XiomaraSíCumple, no debería sorprender que el pueblo también diga, simplemente, “Xiomara no me representa”.
Seguir al autor de este artículo.
